Pedimos a la Corte Constitucional revisar la tutela de Andrea Burgos, mujer afro y trans, condenada a 10 años sin pruebas en Buenaventura.
El Pacífico colombiano es tierra de vida, cultura y resistencia, pero también de exclusión, racismo y negación de derechos. El caso de Andrea Burgos, mujer trans, negra e influencer de Buenaventura, expone esa realidad. Su historia refleja cómo el sistema judicial colombiano sigue sin garantizar igualdad para todos los cuerpos.
Andrea fue condenada a casi 10 años de prisión sin pruebas, sin defensa real, y sin haber sido notificada del juicio. Su caso no es un error: es un falso positivo judicial, una condena sin justicia pero con apariencia de legalidad. El Estado necesitaba resultados y encontró en Andrea una víctima perfecta: racializada, pobre, disidente y sin respaldo institucional.
Desde el inicio, Andrea fue violentada por su identidad de género. Fue detenida sin orden judicial ni flagrancia, lo que vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso. Durante la detención, fue humillada, golpeada y agredida verbalmente. La acusaron de portar un arma que nunca apareció, y la violencia transfóbica que sufrió no fue corregida: fue legitimada por el sistema judicial.
Fallos clave en el proceso judicial:
Captura arbitraria y trato homofóbico: Fue privada de la libertad de manera irregular, revisada sin autorización y agredida por su identidad de género.
Violación del derecho a la defensa: Aunque existían formas de contactarla, solo se hizo una llamada que no fue respondida. Ni el juzgado ni el defensor la buscaron. El proceso siguió sin ella.
Condena desproporcionada: Fue sentenciada a 10 años sin pruebas, sin audiencia justa ni derecho a apelación. Una magistrada señaló que el fallo fue desproporcionado y sin garantías mínimas.
Andrea representa a muchas personas que habitan la intersección entre pobreza, género y racialización. Su caso evidencia cómo el aparato judicial excluye y castiga con rapidez a quienes considera prescindibles. Su juicio avanzó como si su existencia no importara.
Esto no es un hecho aislado. En regiones como el Pacífico, el Estado no llega con justicia, llega con castigo. Ser trans, negra, pobre o disidente sigue siendo motivo de sospecha, criminalización y condena. Andrea no fue defendida: fue descartada.
Por eso, este caso es clave para Colombia. Porque muestra que, si el Estado puede condenar a alguien sin defensa, sin pruebas y sin audiencia, puede hacerlo con cualquiera que no considere digna de ser escuchada.
*Esta petición fue creada y es impulsada por el Colectivo Justicia Racial.
