Libertad para La Burgos: falso positivo a mujer trans

Pedimos a la Corte Constitucional revisar la tutela de Andrea Burgos, mujer afro y trans, condenada a 10 años sin pruebas en Buenaventura.

El Pacífico colombiano es tierra de vida, cultura y resistencia, pero también de exclusión, racismo y negación de derechos. El caso de Andrea Burgos, mujer trans, negra e influencer de Buenaventura, expone esa realidad. Su historia refleja cómo el sistema judicial colombiano sigue sin garantizar igualdad para todos los cuerpos.

Andrea fue condenada a casi 10 años de prisión sin pruebas, sin defensa real, y sin haber sido notificada del juicio. Su caso no es un error: es un falso positivo judicial, una condena sin justicia pero con apariencia de legalidad. El Estado necesitaba resultados y encontró en Andrea una víctima perfecta: racializada, pobre, disidente y sin respaldo institucional.

Desde el inicio, Andrea fue violentada por su identidad de género. Fue detenida sin orden judicial ni flagrancia, lo que vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso. Durante la detención, fue humillada, golpeada y agredida verbalmente. La acusaron de portar un arma que nunca apareció, y la violencia transfóbica que sufrió no fue corregida: fue legitimada por el sistema judicial.

Fallos clave en el proceso judicial:

Captura arbitraria y trato homofóbico: Fue privada de la libertad de manera irregular, revisada sin autorización y agredida por su identidad de género.


Violación del derecho a la defensa: Aunque existían formas de contactarla, solo se hizo una llamada que no fue respondida. Ni el juzgado ni el defensor la buscaron. El proceso siguió sin ella.


Condena desproporcionada: Fue sentenciada a 10 años sin pruebas, sin audiencia justa ni derecho a apelación. Una magistrada señaló que el fallo fue desproporcionado y sin garantías mínimas.


Andrea representa a muchas personas que habitan la intersección entre pobreza, género y racialización. Su caso evidencia cómo el aparato judicial excluye y castiga con rapidez a quienes considera prescindibles. Su juicio avanzó como si su existencia no importara.

Esto no es un hecho aislado. En regiones como el Pacífico, el Estado no llega con justicia, llega con castigo. Ser trans, negra, pobre o disidente sigue siendo motivo de sospecha, criminalización y condena. Andrea no fue defendida: fue descartada.

Por eso, este caso es clave para Colombia. Porque muestra que, si el Estado puede condenar a alguien sin defensa, sin pruebas y sin audiencia, puede hacerlo con cualquiera que no considere digna de ser escuchada.

*Esta petición fue creada y es impulsada por el Colectivo Justicia Racial.

0personas han firmado
Meta: 50.000

Para A los Magistrados y Magistradas de la Corte Constitucional::

Quienes firmamos esta solicitud pedimos respetuosamente que la Corte Constitucional conozca el caso de Andrea Burgos, mujer trans, negra y empobrecida de Buenaventura, condenada sin garantías mínimas. Lo que vivió Andrea no fue un error, sino la expresión de un sistema que castiga a quienes habitan múltiples vulnerabilidades. Por ello, solicitamos:

1. Revisión de la detención arbitraria
Andrea fue detenida sin orden judicial ni flagrancia, lo que vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso. Durante su detención fue humillada y violentada. Pedimos que se revise la legalidad de su captura y se investigue la actuación policial.

2. Garantías hacia las personas trans
Solicitamos una revisión de las agresiones físicas y verbales que sufrió por parte de agentes de policía debido a su identidad de género. La discriminación transfóbica debe ser tenida en cuenta como factor agravante en la revisión del caso.

3. Derecho a la defensa vulnerado
Andrea no fue notificada del juicio y no tuvo acceso a una defensa real. A pesar de contar con múltiples vías de contacto, solo se le hizo una llamada. Su defensor público no la buscó, no argumentó ni apeló. El proceso avanzó sin su presencia ni representación efectiva.

4. Revisión de la sentencia desproporcionada
Andrea fue condenada a 10 años de prisión sin pruebas materiales en su contra. Una magistrada señaló la desproporción del fallo. Solicitamos que se revise bajo principios de justicia y equidad.

5. Aplicación de enfoque diferencial
Instamos a la Corte a considerar su condición de mujer trans, racializada y empobrecida. El análisis debe contemplar esta intersección para garantizar un proceso justo y protector.

6. Reconocimiento de la criminalización sistemática
Este caso refleja una práctica extendida: la criminalización de cuerpos disidentes en contextos de pobreza y racialización. Pedimos que la Corte siente un precedente para evitar que se repitan casos como el de Andrea.

7. Reconocimiento de falsos positivos judiciales
Andrea fue condenada sin pruebas, sin defensa, sin juicio legítimo. Su caso debe reconocerse como un falso positivo judicial: una condena con apariencia de legalidad, pero sin justicia. Instamos a la Corte a actuar frente a estas prácticas que minan el Estado de derecho.

Cuando el sistema condena sin defensa ni notificación, no estamos ante fallas técnicas, sino ante una política institucional de castigo. Si esto le ocurrió a Andrea, puede ocurrirle a cualquier persona que el Estado decida no escuchar.

Atentamente:


0personas han firmado
Meta: 50.000